El Gobierno que conduce Guillermo Montenegro confirmó que a partir del próximo 23 de noviembre entrará en vigencia el sistema, en las calles de Mar del Plata con equipos de detección automática de infracciones con el objetivo de controlar, ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial.
Desde la Municipalidad confían en que la última aprobación saldrá en los próximos días. Una vez que esté habrá una fuerte campaña comunicacional antes de que comiencen a aplicarse las sanciones.
“La inflación está haciendo estragos, pero eso no avala de ninguna manera que se comentan delitos”, planteó.
“La inflación está haciendo estragos, pero eso no avala de ninguna manera que se comentan delitos”, planteó.
En los terrenos municipales aún se mantienen en pie una veintena de casillas. Hay personas dispuestas a resistir el desalojo. La preocupación de los ocupantes del lugar comienza a crecer debido a la incertidumbre en su futuro.
La oposición mantiene reparos, aunque la propuesta del gobierno fue aprobada en Movilidad Urbana tras el informe favorable de la Subsecretaría Legal y Técnica. Piden más información sobre el costo del sistema.
Axel Kicillof presentó su cálculo de recursos y gasto, pero desde el gobierno municipal consideran que la Provincia debe “resarcir los magros envíos” para la ciudad.
En la presentación del recurso de apelación presentado ante la Justicia, Montenegro consideró que el juez Errandonea rechazó su pedido de desalojo “en forma arbitraria, apartándose de las hechos acreditados y sin tener en consideración las constancias de la causa”.
La suma llegará a 52%. Los sindicatos de los trabajadores cerraron la paritaria con el intendente a mediados de septiembre, mientras en el Concejo Deliberante se discutía la extensión del servicio de seguridad en las playas. El acuerdo recién se oficializó en los últimos días.