El Presidente firmó el decreto que había solicitado la UTEP, donde se incluye la prohibición de brindar más plazas en los programas como el Potenciar Trabajo.
El jefe de Estado, Alberto Fernández, puso su firma en el decreto 758 que beneficia a las cooperativas de trabajo dependientes de los movimientos sociales oficialistas, donde se les otorga el 30% de la Obra Pública Nacional “bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta 300 millones de pesos”.
Además, se arregló que el monto tope se podrá ir actualizando “conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas”.
La aceptación del Gobierno al decreto arrastraba reclamos por parte de los principales dirigentes de ministerios de Desarrollo Social y Trabajo desde hace meses, siendo que habían intentado proponerlo como ley en el Congreso, proyecto que fue rechazado.
“Es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social”, argumentaban tras la firma.
“El decreto es una forma de dar vuelta la página de los planes y transformarlos en trabajo genuino. Se fortalece los esquemas que tienen que ver con la entrega de maquinarias y herramientas que otorga el ministerio de Desarrollo Social y empleo vinculado con la obra pública de pequeña escala que no requieren maquinarias”, explicó Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y subsecretarios de Políticas de Integración y Formación del ministerio de Desarrollo Social.
