Se le pidió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue la suba de precios provocada por empresas productoras de bienes de consumo masivo durante este año, al mismo tiempo hay varias reuniones para lograr un congelamiento durante cuatro meses.
Se habilitó a Defensa de la Competencia a que analice “presuntas prácticas anticompetitivas” de compañías que aumentaron precios en 2022 producto de un “abuso de posición dominante”. La decisión ordena que se presente un informe detallado de la situación en un plazo de 30 días.
Entre los fundamentos de la norma, la Secretaría pone de relieve los diferentes perjuicios que tiene para el consumidor cuando una empresa domina el mercado o cuando se cartelizan para manejar el precio de determinado producto. En paralelo, el Gobierno trabaja para revertir la problemática de la elevada inflación, sobre todo en los alimentos.
Según diferentes análisis privados, la variación de octubre se ubicó en 6,5%, valores similares a los meses anteriores, acumulando en los últimos tres meses un alza del 20%. El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, intentan cerrar un programa que congele los precios por cuatro meses.
El plan “Precios Justos” apunta a una canasta de 1.500 productos con el precio impreso en el packaging, para que éste no aumente. A cambio de que no muevan los precios, el Gobierno le concedería a las empresas una serie de beneficios para acceder a cupos de importaciones que favorezcan su operación.
