Tras la resolución de cinco perpetuas y tres condenas a 15 años de prisión, la apelación y el falso testimonio ingresan a la agenda para poner en debate una vez más a la defensa, los fiscales y el particular damnificado.
“Vamos a Casación”, había declarado Hugo Tomei, abogado defensor del grupo de condenados tras recibir la resolución final de los jueces en el Tribunal Oral en los Criminal N°1 de Dolores en relación al juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Por un lado, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matias Benicelli y Luciano Pertossi recibieron una pena de prisión perpetua tras ser encontrados culpables del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves contra cinco amigos de la víctima fatal. Por otro, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas “más leves” comprendiendo 15 años de cárcel, al ser considerados como participes secundarios del salvaje asesinato del joven estudiante de abogacía aquella noche del 18 de enero de 2020 en la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.
Hace pocas semanas, en la segunda jornada que dio lugar a los alegatos, el abogado de la defensa había solicitado una absolución de sus defendidos, alegando que el hecho del que se los acusaba “no está probado”. A su vez, había puesto en mesa la opción de una calificación por homicidio simple con dolo eventual (8 a 25 años), un homicidio preterintencional o un homicidio en riña (6 años).
No obstante, ninguna de las posibles opciones lanzadas por el letrado fue considerada por María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, por lo que el defensor terminó recurriendo a la instancia de apelación en la Cámara de Casación. De esta manera, en caso de no tener repercusión en el sector provincial, el abogado puede llegar a la Corte Suprema de Justicia y, si lo considera prudente, alcanzar organismos internacionales.
De todos modos, Tomei no fue el único en desacuerdo con el fallo, sino que el Ministerio Publico Fiscal y el Particular Damnificado también tomaron la decisión de apelar a las condenas. Por parte de Juan Manuel Dávila y Gustavo García, se considera un nuevo planteo de debate por la participación atribuida a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi.
Además, la misma fiscalía obtuvo el debido permiso para comenzar un proceso de investigación a Juan Pedro Guarino y T.I.C, quienes fueron acusados de brindar un falso testimonio a la hora de compartir su relato sobre la oscura noche en la sala de audiencias del TOC 1.
“Se dio el primer paso en el pedido de justicia por Fernando, marcando un precedente en el país, en especial para la juventud. La violencia nunca es el camino, puede traer consecuencias tan tristes como la muerte o la cárcel. Pero el fallo no fue suficiente, vamos a apelar”, escribió Fernando Burlando, representante de Silvino y Graciela Báez Sosa como figura de abogado del particular damnificado.
