La defensora oficial María Laura Solari realizó un pedido formal por el "hecho de gravedad institucional".
En días anteriores, el presidente Alberto Fernández se reunió con los padres de Lucia Pérez, lo cual generó revuelo. Principalmente se trata de la defensora oficial María Laura Solari, quien presentó una denuncia formal por la posible comisión de delitos de acción pública por parte del Presidente de la Nación. Allí solicitó la nulidad de este segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez y que se haga la recusación de los magistrados.
Además, pidió que se ponga en conocimiento a la Suprema Corte Provincial, y a la Corte Suprema de la Nación.
“Una primer y alarmante intromisión del Poder Ejecutivo en la primer jornada de debate, el 7 de febrero, fue cuando el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se sentara en la sala de audiencias junto a los padres de Lucía Pérez”, considero Solari.
La defensora también consideró como presión las presentaciones de “amicus curae” del Tribunal del Consejo Nacional de las Mujeres y el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, ambos organismos, dependientes del Poder Ejecutivo, y la presencia en el juicio de funcionarias del área de género.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 8 de Marzo, día internacional de la mujer, escribió en una publicación en sus redes sociales: “Debemos exigir la búsqueda de justicia por el femicidio de Lucía Pérez. Su madre, Marta Montero, y su padre, Guillermo Pérez, cuentan con mi compromiso y acompañamiento absoluto en su lucha que mantiene vivo el reclamo de justicia. Durante el encuentro que mantuvimos, les expresé que cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio que han tenido que atravesar luego de la escandalosa absolución de los imputados en 2.018. El caso de Lucía es paradigmático de la falta de perspectiva de género que tiene el Poder Judicial. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las pibas que nos faltan. Nuestro compromiso y trabajo cotidiano es por una sociedad libre de violencias por motivos de género. Seamos claros, en su máxima expresión, el machismo mata”, expresó en esa oportunidad el presidente.
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Para la defensora oficial, con la publicación en las redes sociales del presidente, queda en evidencia que “se encuentra seriamente violentado el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la imparcialidad del juzgador. Esta es una cuestión de suma gravedad institucional y la consumación de esta violación se perfecciona con la sola comprobación de la injerencia del Poder Ejecutivo en una causa pendiente”.
“El mayor representante del Poder Ejecutivo que – para colmo de maleses profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires- se ha inmiscuido a sabiendas en el caso, afectando la imparcialidad institucional del juzgador; reitero, ésta afrenta constitucional ya se ha configurado, pues no sería una garantía si se aguardara el eventual dictado de una sentencia condenatoria contaminada por la afectación previa de la independencia e imparcialidad de los magistrados”, considero Solari y agregó: “El mayor representante del Estado argentino ha cometido una burda, flagrante y prohibida intromisión de poderes”.
Además también solicitó recusar a los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz: “Es más bien como un remedio que se intenta para mantener a resguardo la garantía constitucional de ser juzgado por un juez absolutamente imparcial y, por ende, de gozar de un debido proceso adjetivo”, explicó y recordó que “el debate anterior dejó por saldo una denuncia funcional y el trámite de un Jury de Enjuiciamiento a los jueces entonces intervinientes”.
“Este caso se ha convertido en la muestra paradigmática de que cualquier nueva sentencia que no les complazca los hará ir por la cabeza de esos otros magistrados quienes, a diferencia de algunos de los sectores presionantes, sí tienen mucho para perder”, concluyó la defensora. -sus trayectorias, carrera judicial, su prestigio-.
“Advirtiendo entonces que la garantía de imparcialidad del juzgador se ha visto avasallada de manera burda, que el Presidente de la Nación ha ejercido una abierta coacción sobre los magistrados a decidir en la presente causa, y toda vez que la mentada garantía es un derecho del imputado, no contando a las claras Matías Farías ni Juan Pablo Offidani con la seguridad mínima de que se respete su derecho a un debido proceso, entendemos que la única opción posible a fín de reestablecer la misma, es la anticipada declaración de la nulidad del debate y la consecuente recusación de los jueces, cuya imparcialidad se encuentra institucionalmente afectada”, finalizó la defensora oficial María Laura Solari.
La sentencia del Tribunal Oral N° 2 contra Matías Farías y Juan Pablo Offidani se dará a conocer el próximo viernes 17 de marzo.
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