En la declaración final de la cumbre, los líderes de los países miembros solicitaron la revisión de la política de sobrecargos del FMI, avalando el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses.
Dicho documento señala en su punto 33 que los mandatarios firmantes están “comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes” y destaca “los compromisos por un monto de USD 81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro o contribuciones equivalentes”, exhortando así al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de US$ 100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.
Además, resaltan la puesta en funcionamiento del Resilience and Sustainability Trust, destinado a la ayuda de los “países de bajos ingresos, los pequeños Estados y los países vulnerables de ingresos medios” a abordar los desafíos estructurales a largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático. Del mismo modo se pidieron compromisos adicionales y contribuciones oportunas al RST y al Poverty Reduction and Growth Trust, a fin de satisfacer las necesidades de financiamiento.
Desde el Gobierno argentino comunicaron que sigue firme su “compromiso para evitar el hambre de los más vulnerables, utilizando todas las herramientas disponibles para hacer frente a la crisis alimentaria mundial. A ello se suma promover un comercio agrícola abierto, transparente, inclusivo, predecible y no discriminatorio; en especial, señala la necesidad de actualizar las reglas multilaterales de comercio agrícolas, facilitar el flujo de los bienes agrícolas, y disminuir sus distorsiones”.
