La exposición del informe estuvo a cargo de Horacio Pietragalla.
El día de hoy, el Gobierno de Alberto Fernández presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe sobre Derechos Humanos en Argentina donde se ubica contra la Justicia, la oposición política y los medios de comunicación.
La exposición estuvo a cargo de Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos en Ginebra, en el marco de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en la que Argentina presentó su Examen Periódico Universal (EPU), que aborda la situación de los derechos humanos en el país.
Según trascendió el informe trata sobre los “discursos del odio” que ocurren en Argentina que “culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.
“Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”, detallo.
“Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, continúa el secretario en el informe.
“En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”.
“Lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión”, relató.
“Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”.
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