El abogado Roberto Casorla Yalet, representante del brasileño Eduardo Enrique Silva Fiuza, fue quien encabezó la nueva presentación penal.
Tras el primer rechazo de la Justicia, el abogado encargado de llevar adelante varias de las causas por mala praxis contra el médico cirujano Aníbal Lotocki repitió un pedido de detención, agregando a su esposa María José Favarón, acusando a la dupla de ser el “jefe” y la “organizadora” de una presunta asociación ilícita.
A diferencia de las presentaciones anteriores, la actualización firmada por el abogado Roberto Casorla Yalet señala que Favarón “tomaría el rol de organizadora, ya que se encuentra colocada en un rol preponderante, respecto al resto de los nombrados” y que “ella es la segunda de Lotocki, sin la cual, no hubiera podido llevar adelante la empresa criminal”
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En este sentido, el letrado que representa al ciudadano brasileño Eduardo Enrique Silva Fiuza en esta causa escribió en su denuncia: “Habida cuenta la pena en expectativa del delito denunciado, en la figura del jefe y de la organizadora, como así los procesos pendientes respecto de la persona de Lotocki, en particular la condena que pesa sobre este último, que impedirán aplicar cualquier instituto procesal alternativo a la prisión preventiva, solicito en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo, se disponga de detención del aquí denunciado y de la Sra. María José Favarón”.
“El desprecio por la vida, el fraude hacia las personas, y la falta de conciencia normativa, son los tres elementos comunes de esta asociación criminal”, sostuvo el denunciante frente a la situación de Aníbal Lotocki y a su mujer.
Además de incluir a Favarón y el cuestionado medico en su escrito, Yalet también apunta a otros colaboradores, los cuales formarían parte de la asociación ilícita. “Claudio Martínez, Oscar Herrera, Rubén Herrera, Fabricio Medina, Dina Molinas y Manuel Martos, como así también, quienes resulten responsables -a posteriori del curso de la investigación- por haber formado parte de una asociación criminal”, expresó. Cada uno de los individuos mencionados fueron acusados de supuestas “maniobras defraudatorias consistente en colocar productos no autorizados en el cuerpo de personas, dentro del ámbito nacional e internacional”.
En tanto, según la denuncia, dicho delito ocurrió “inyectando químicos – biopolímeros industriales, cementos y/o siliconas liquidas- aprovechando y violando la confianza otorgada por su relación médico-paciente, informando y difundiendo –simuladamente- que se encontraban dentro de los permitidos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales”.
