Un día como hoy se recuerdan todas aquellas normas y marcos regulatorias que intentan ocuparse de preservar a los niños víctimas de distintos tipos de violencia y agresión.
Cada 4 de junio se conmemora el Día Internacional de los Niños Victimas de Agresión gracias a una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomada el 19 de agosto de 1982.
En ese momento, los asambleístas habían abordado un capítulo más del prolongado conflicto árabe- israelí que se extiende hasta la actualidad. Tal como en toda la contienda armana, los adultos que suelen tomar las decisiones no se detienen a pensar en la indefensión de los niños que habitan los territorios donde se viven arrojando misiles, municiones y armas de moderno y sofisticado desarrollo tecnológico.
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Dicho recordatorio no frena ahí, ya que el 4 de junio también se recuerda y concientiza a la humanidad sobre la vulnerabilidad extrema a la que se someten los niños frente al aumento de la pobreza, la explotación sexual, el reclutamiento armado, los homicidios, las enfermedades y demás situaciones que los involucran.
En este sentido, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la organización de las Naciones Unidas creo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el propósito principal de ayudar a todos aquellos niños y las familias que se encuentran desprotegidas en los países de desarrollo o que padezcan algún tipo de catástrofe.
Dicho organismo trabaja en cooperación con los gobiernos implementando planes y programas destinados al mejoramiento de la calidad de vida durante el periodo de la infancia.
No obstante, otra herramienta de importancia para el plano jurídico, con el objetivo de dinamizar los derechos de los niños víctimas inocentes de agresión en el mundo es la sanción de la “Convención Internacional de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, mismo que comenzó a regir desde el 2 de septiembre de 1990.
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El mencionado tratado internacional es uno de los mas ratificados de la historia, incluso los países que lo adoptan deben rendir cuentas de las obligaciones impuestas, aunque sus normas no solo están dirigidas a los gobiernos. Tanto progenitores como educadores, además de niños y niñas, se encuentran comprendidos entre las obligaciones y derechos.
Así, la Convención establece que debe oírse al menor en todo asunto que concierne en su interés, pudiendo cuando alcance la edad de 13 años notificar a un abogado defensor de los derechos del niño o niña, cuyos honorarios se encontraran a cargo del Estado correspondiente.
La residencia del menor es prioritaria para poder proteger su centro de vida y que no sea sometido a desarraigos culturales, educativos y socio afectivos, por lo que la seguridad social de los estados deben atender las remas de nutrición, lactancia, vivienda, asistencia sanitaria y todas las necesidades del niño.
