Al Presupuesto Participativo le correspondía el 1% del presupuesto general, pero el intendente dispuso que sea el 1% de los ingresos no tributarios. La oposición impulsó la consulta al organismo de contralor para tener constancia de la legalidad.
El Presupuesto Participativo volvió a ser una realidad en General Pueyrredon luego de su última implementación en 2014, en una política defendida por los principales espacios políticos de la ciudad. Pero el proceso no está exento de polémica, debido a que los fondos asignados para su ejecución serían menores a los que corresponderían según la ordenanza que lo regula.
Es por esto que, el Concejo Deliberante resolvió este miércoles pedir un informe al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, para tener certezas sobre la legalidad del decreto reglamentario del intendente Guillermo Montenegro que modificó la partida que se le debe asignar al programa.
Precisamente, en su Artículo 3º, la Ordenanza 25.061 de 2021 que regula el Presupuesto Participativo establece que al mismo se le debe asignar una partida presupuestaria no inferior al 1% del Presupuesto General. Sin embargo, el Decreto Reglamentario 106/22 dispuso que el 1% se debe contabilizar sobre el presupuesto de los recursos no tributarios y no sobre la totalidad del presupuesto.
Es necesario remarcar que, el cambio fue notorio: bajo el primer criterio, hubieran correspondido 373 millones, pero finalmente se asignaron 147 millones. Ante esto, Virginia Sívori expresó: “Hay una decisión en el Decreto Reglamentario de cambiar el espíritu de la norma, para incorporar menos recursos de lo que establecía la ordenanza”.
