La Justicia que lleva adelante la investigación del caso se refirió hoy a la vicepresidenta y su presunto acuerdo corrupto con Lázaro Báez.
El Tribunal Oral Federal 2 consideró que existió un “Plan criminal” por parte de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en favorecer durante su Gobierno al empresario Lázaro Báez con la cesión de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz y por la cual estimó que hubo una defraudación al Estado en casi 65 millones de pesos en esas 51 licitaciones bajo sospecha.
A partir de la resolución, corre el tiempo para las apelaciones a la Cámara Federal de Casación Penal, pues la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, quedan en stand by hasta que el fallo quede firme, esto es hasta que resuelva la Corte Suprema de Justicia. Tanto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, como la defensa de Cristina Kirchner y demás acusados, cuentan con diez días hábiles para apelar a la Cámara Federal de Casación Penal.
“Podemos afirmar que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, sostuvo el Tribunal 2 con la firma de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Las obras fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Para los jueces hay evidencias de “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes” y en esa lógica “ha sido dirimente la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, puesto de relieve a través de su participación en los beneficios económicos -producto del delito- obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.
En primer término, los jueces evalúan la sospecha de la fiscalía sobre que la mayoría de las obras públicas viales durante el kirchnerismo se concentraron en la provincia de Santa Cruz en detrimento de otras provincias. Los jueces entienden que ello “escapa” a las facultades de los jueces y es una cuestión política no judiciable. Luego, analizan el crecimiento económico de Lázaro Báez, también condenado a seis años de prisión, y la conformación de su grupo empresario “de indudable cercanía con los responsables del diseño de esa política pública”. En ese sentido, focalizan que en 2003 cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, el ahora empresario era “monotributista” y empleado del Banco de Santa Cruz para luego crear su emporio de empresas.
Incluso, los jueces advierten que es una “farsa” el argumento de la defensa de Báez sobre que él era un avezado empresario de la construcción cuando ingresó como Director a la empresa Badial la cual “no registraba actividad económica” hasta julio de 2003.
