El futbolista brasileño permanecerá en prisión preventiva por decisión de la Justicia española mientras se avanza en la causa caratulada como "agresión sexual".
La Sala de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó la petición de puesta en libertad del futbolista brasileño Dani Alves y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras continúa la investigación sobre una presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona, informó el martes el tribunal regional.
El futbolista de 39 años, que negó haber cometido delito alguno, ingresó en prisión preventiva sin fianza el 20 de enero, después de que una mujer de la ciudad presentara una denuncia el mes pasado sobre un suceso ocurrido en la exclusiva discoteca Sutton, en el centro de Barcelona. La policía está investigando y el caso sigue abierto por un delito de agresión sexual.
El abogado de Alves había pedido su libertad bajo fianza si entregaba su pasaporte y llevaba un brazalete electrónico, argumentando que tenía lazos familiares en España. Sin embargo, el tribunal rechazó los argumentos y ordenó que permaneciera en prisión preventiva en la cárcel de Brians 2, a las afueras de Barcelona. “Examinados todos los argumentos, compartimos con las acusaciones que concurre un elevado riesgo de fuga vinculado, por una parte, a la elevada pena que puede serle impuesta en la presente causa, los severos indicios de criminalidad contra el mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían como hemos dicho abandonar España en cualquier momento”, dijo la Audiencia.
El caso tuvo una gran atención en España, por el perfil de Alves, pero sobre todo porque las agresiones sexuales continuaron siendo un tema político dominante desde la violación en grupo de una adolescente en 2016 durante los encierros de San Fermín, que llevó al endurecimiento de las leyes contra la violencia sexual en el país.
En España, una denuncia por violación se investiga bajo la acusación general de agresión sexual y las condenas pueden conllevar penas de cárcel de entre 4 y 15 años. La condena por este tipo de cargos también allana el camino para el pago de una compensación económica a la víctima para cubrir daños físicos, fisiológicos y morales.
